La sociedad que se refleja en el río Bogotá

Por Rafael Colmenares

Alguien decía hace algunos años que un vaso lleno con agua del río Magdalena, en Bocas de Ceniza, daba una imagen exacta del estado del río. En el caso del río Bogotá la experiencia resultaría no solo reveladora sino dramática.

El río, profundamente degradado, anóxico, es resultado de la forma como se ha ocupado el territorio que se vertebra en torno a su cuenca. Muchas cosas oscuras han pasado trasladando a las otrora cristalinas aguas la opacidad de los intereses y negligencias que las inspiran.

La realidad es que luego de veinte años de anunciar la recuperación del cuerpo de agua, los resultados no están a la vista e incluso podría decirse que son aún lejanos y costosos. De hecho, cualquier alternativa de construcción de plantas de tratamiento bien sea en Canoas, en el Tunjuelo o en Charquito no se baja de los dos billones de pesos, sin que por ello pueda concluirse que da lo mismo que se construya en uno o en otro lugar pues ello implica diferencias notables en términos de costos que en últimas afectarán los bolsillos de los usuarios y particularmente de las familias bogotanas ya agobiadas por la tarifa de acueducto y alcantarillado más costosa del  país y de América Latina.

IRES Y  VENIRES Y  UN FUTURO  INCIERTO Y COSTOSO

Un primer aspecto que salta a la vista es la forma errática con que se ha abordado, con frecuencia, el asunto convirtiéndolo casi en un galimatías. Luego de que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a comienzos de los noventa tomara la decisión de construir tres plantas de tratamiento, en forma sucesiva, incorporando inicialmente un tratamiento primario y luego el secundario y obteniendo para el efecto la correspondiente licencia ambiental, el Alcalde Peñalosa se mostró adverso a esta alternativa que ya había sido contratada con el consorcio francés Lyonnaise des Eaux – Degremont, el cual constituyó, en Colombia, la sociedad Bogotana de Aguas y Saneamiento – BAS, para ejecutarla.

El largo debate que se generó desembocó en la terminación unilateral del contrato con dicha sociedad, medida que adoptó el Alcalde Mockus el último día de su segunda administración, dejando a su sucesor, Lucho Garzón, el legado de pagar a la compañía francesa la cantidad de once millones de dólares a título de indemnización más las ganancias que le hubieran correspondido en  venticuatro años del  contrato.

Curiosamente el Alcalde Mockus había apoyado la anterior solución por razones, entre otras pedagógicas, en su primera administración. Sin embargo los altos costos del contrato con los franceses y los problemas que evidenciaba la Planta del Salitre, única construida en desarrollo de dicho contrato, sirvieron como argumento para el viraje de su posición.  

Hoy en día ha quedado en evidencia que la solución adoptada en sustitución de la anterior resultó más costosa[1]. El Programa acogido en 1993 (tres plantas) costaba un billón setecientos mil pesos frente a tres billones seicientos mil pesos que cuesta el  adoptado en la modificación del POT de Bogotá mediante Decreto 469 de 2003, posteriormente condensado en el Acuerdo 171 de 2007[2]. Es decir el argumento utilizado, que miró los aspectos económicos fundamentalmente no resultó cierto.

Por otra parte,  aunque en dos oportunidades se ha anunciado con bombos y platillos que el Convenio firmado entre entidades de orden nacional y distrital y la CAR garantiza que el río por fin será recuperado[3], lo cierto es que aún no hay cierre financiero del programa lo cual significa simple y llanamente que no se cuenta con recursos para construir la Planta de Canoas[4].

La construcción de la mencionada planta, cuestionada recientemente por la Contraloría General de la República[5], es consecuencia del cambio de programa para la descontaminación del río Bogotá, lo cual, como  se anotó, implicó también una modificación del POT de Bogotá, pues el aprobado mediante el Acuerdo 619 de 2000 había acogido la alternativa de las tres plantas. Se procedió entonces a modificarlo mediante el Decreto 469 de 2003, acogiéndose la alternativa de los interceptores, la ampliación de la Planta de El Salitre y la construcción de la Planta en Canoas.

Un aspecto ilustrativo de la ligereza con que se ha actuado es que la alternativa actualmente vigente no cuenta con licencia ambiental pues la expedida mediante la Resolución No. 817 de 1996 la otorga para el programa de las tres plantas. No obstante, el programa acogido en la modificación del POT ya ha sido parcialmente ejecutado a pesar de carecer de la mencionada licencia.

Un ingrediente dramático de todo lo anterior es que la solución adoptada en el Convenio Interadministrativo No. 171 de 2007, resultó siendo forzada por el proceso de acción popular adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde la Magistrada Ponente, Dra. Nelly Yolanda Villamizar, ante la incapacidad de entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, la CAR, la EAAB y el Distrito Capital para solucionar el problema decidió conminarlas a adoptar la alternativa establecida en la modificación del POT. La Sentencia fue proferida el 25 de Agosto de 2004, en virtud de la Acción Popular No. 01-479. No obstante que las entidades condenadas presentaron los pactos de cumplimiento que fueron acogidos en la sentencia, los cuales han venido ejecutando parcial y  lentamente, ésta fue apelada por todas ellas. El proceso se encuentra pendiente de una decisión definitiva por parte del Consejo de Estado, desde hace ocho años. Este episodio es todo un monumento a la incapacidad del poder ejecutivo y a la morosidad del poder judicial.

EL  MODELO DE OCUPACION DEL  TERRITORIO  HACE AGUA

El trasfondo es sin embargo la insostenibilidad del modelo de ocupación del territorio y de construcción de ciudad que se ha desarrollado en beneficio de los urbanizadores, de los especuladores con el suelo, de los vendedores de servicios públicos, de los transportadores, de los monopolios transnacionales y nacionales y de un sinnúmero de redes clientelares, no exentas de corrupción, que se articulan alrededor de los anteriores y cuyos intereses son agenciados por diversos actores políticos.    

Bogotá ha crecido y la Sabana se ha urbanizado en forma acelerada. Hoy en día la denominada Sabana Centro concentra el 20% de la población del país. Este proceso de aglomeración humana y de actividades económicas se explica por diversos factores que no es posible analizar en este artículo pero es indudable que el mismo ha sido aprovechado por los urbanizadores legales e ilegales para realizar un excelente negocio de venta de suelo  y vivienda. Para ello ha sido incesante la conversión de las áreas rurales y suburbanas en suelo urbanizable. No en vano el Concejo Distrital ha aprobado numerosos Acuerdos de Legalización de barrios informales y ha ampliado varias veces el perímetro urbano de la ciudad. Así el área urbana se duplicó en 20 años pasando de un poco más de 16.000 hectáreas en 1980 a 38.430 hectáreas, que es el perímetro urbano definido en el POT en el año 2000[6].

El suministro de agua potable ha sido a la vez condición y estimulante del anterior proceso. Tempranamente, varios Acuerdos del Concejo Distrital autorizaron a la EAAB la venta de agua en bloque, práctica que continuó no obstante haber sido prohibida en el Acuerdo 6 de 1990.  A mediados de esa década dicha actividad, contraria a la Ley, avanzó con gran  ímpetu y se integró sin dificultad al esquema de mercantilización y privatización del agua instaurado en la Ley 142 de 1994, bajo la mirada complaciente de la Comisión Reguladora de Agua Potable – CRA-. Hoy en día varios de los principales compradores de agua en bloque a la EAAB son empresas privadas de servicios públicos que abastecen a las urbanizaciones campestres que proliferan en los municipios vecinos a Bogotá.

Los requerimientos de la expansión urbana han ido moldeando otros factores de la tragedia que se condensa en la actual situación del río Bogotá. Ya desde los años cincuenta del siglo pasado se decidió aprovechar el agua del río para generar energía eléctrica, y con el objeto de garantizar los volúmenes necesarios en épocas de estío se construyó el embalse de El Muña. En la medida en que las aguas del río se fueron contaminando aquel reservorio que fue escenario de deportes náuticos se convirtió en un mar muerto de desechos urbanos de todo tipo.

Ante tamaño desastre ambiental, concepto que incluye la tragedia humana de los habitantes del municipio de Sibaté, sometidos a insoportables olores, emanaciones que emponzoñan el aire y a una inclemente plaga de mosquitos, no se ha pensado en ponerle fin a semejante pesadilla sino que por el contrario se construyó una segunda cadena de generación de energía eléctrica, que entró a operar en 1986, cuando ya las aguas que llegaban al  embalse estaban altamente contaminadas.

Hoy en día el llamado plan de recuperación del río Bogotá incluye, a costa de todos los bogotanos, que lo pagaremos en la tarifa de alcantarillado, la construcción de una costosa estación elevadora que permita continuar la generación de energía eléctrica en la mencionada cadena dos, también conocida como “Paraíso - La Guaca”, como si alguien se hubiera propuesto darle el nombre mas contradictorio a la oscura realidad generada por los intereses del “desarrollo”, hoy agenciados no solo por el Distrito Capital sino por la multinacional italiana ENEL que adquirió las acciones de la española Entesa, en EMGESA[7].

La urbanización desbordada de Bogotá y sus alrededores ha ido arrasando a su paso los humedales y sepultando bajo el cemento y el pavimento los afluentes del río.  Los Cerros Orientales de Bogotá, donde se inicia el viaje del agua hacia el río han sido sometidos a diversos procesos destructivos: urbanización legal e ilegal, deforestación, prácticas de artillería y explotación intensiva de arena y otros materiales de construcción a cargo de las transnacionales Holcim y Cemex y la Fundación San Antonio de la Curia Arquidiocesana. Otro tanto viene ocurriendo con los sistemas montañosos que circundan la cuenca en jurisdicción de los municipios vecinos. Las heridas en los cerros están a la vista.

La creciente desigualdad social se expresa espacialmente: en las zonas más vulnerables se aglomeran los pobres, víctimas de los urbanizadores piratas, se someten a las peores condiciones con tal de tener una precaria vivienda. Luego toda la ciudad paga los costos de dotar de servicios públicos, particularmente de agua potable, zonas de difícil acceso. La mercantilización y privatización de este servicio agrava su situación pues el crecimiento de la tarifa ha sido exponencial en los últimos años y un promedio de 300.000 usuarios ven suspendido el servicio por falta de pago. De ellos 70.000 han perdido definitivamente la conexión a la red.

Las actuales formas de ocupación del territorio son cada vez más insostenibles. Así lo pusieron de presente las inundaciones de los últimos dos años, demostración trágica, en particular para las clases populares y medias, de la inviabilidad del tipo de ciudad actual. El agua fluye como un torrente hacia el río y las calles que bajan de los cerros se convierten en canales. Otras ingentes cantidades del líquido provienen de la cuenca alta y de los municipios que anteceden a Bogotá en el sentido de la corriente del río. Cuando las aguas llegan a las compuertas de Alicachín se encuentran con estructuras que detienen su flujo así las mencionadas compuertas estén abiertas. Tales estructuras fueron construidas para garantizar un volumen de agua suficiente para la operación de las bombas que llevan el agua al Muña en función de la generación eléctrica, en épocas de verano. Cuando las lluvias son fuertes y frecuentes remansan el agua y contribuyen a la inundación.  Deforestación, urbanización e intereses energéticos confluyen así como generadores de vulnerabilidades que convierten el riesgo en  desastre.

Lo que menos importa es el río y la gente más pobre. Aquel es visto como cloaca, como proveedor de agua para la generación eléctrica, como fuente para riego (a pesar de la contaminación de sus aguas) como recurso para cualquier actividad económica que pueda producir ganancias. El río ha dejado de serlo, ha sido sepultado por los oscuros intereses que imponen el tipo de sociedad, y de Estado, que oscurece sus aguas y se refleja sin brillo en ellas.

A estas alturas la construcción de costosas megaplantas de tratamiento parece inevitable. En parte porque la desaceleración del crecimiento urbano, cuya primera fase sería la no expansión urbana de Bogotá y los municipios aledaños, tardará e producir sus efectos y entre tanto es necesario tratar los ingentes volúmenes de aguas residuales que la ciudad genera. En parte porque costosas inversiones del programa de descontaminación vigente, como los interceptores, ya fueron realizadas.

Se trata ahora, de ahorrar mayores costos evitando la construcción de la faraónica estación elevadora en Canoas o reduciéndolos a la mitad si se hace en el Tunjuelo[8]. En cualquier caso ninguna planta de tratamiento dará a basto si la ciudad continúa creciendo, si los grandes usuarios que a su vez son los grandes contaminadores no tratan sus aguas residuales en la fuente, es decir, antes de su vertimiento en el sistema de alcantarillado, si no se corrigen las conexiones erradas[9], si no se implementan sistemas de reutilización del agua (difícilmente compatibles con la mercantilización, que incentiva el mayor consumo de agua), si no se recupera la estructura ecológica principal (cerros, ríos, quebradas y humedales). Es decir si no se replantea la forma actual de construir ciudad.

Dicho sea de paso la reciente ola invernal ha sacado a la luz otra preocupante vulnerabilidad de la ciudad: la calidad  del agua  que llega a la  planta de potabilización de Tibitoc es ya muy deficiente, lo cual condujo a que se presentaran limitaciones en la operación de la planta durante 103 días en el año 2011. Otro tanto, aunque menos grave, ocurre merced a la urbanización de la  cuenca del río Teusacá en jurisdicción del municipio de La Calera: las aguas del Teusacá que ingresan al embalse de San Rafael, llevaron sedimentos  que  afectaron el  funcionamiento de la Planta Wiesner durante 82 días en 2011[10].

LA PARTICIPACION CIUDADANA  TIENE  UNA  OPORTUNIDAD

Por estos días se debate intensamente sobre la recuperación del río, la venta de agua en bloque, la gratuidad del mínimo vital de agua, la desprivatización de aspectos esenciales de la gestión de la EAAB. Todos son aspectos estrechamente vinculados cuyo transfondo apunta a la urgencia de un Plan de Ordenamiento Regional con sentido ambiental. Las alarmas se han  prendido porque la actual administración no quiere seguir transitando los caminos que conducen al desastre e introduce replanteamientos que incomodan a los intereses que han sometido la política pública de Bogotá, hasta ahora.

El contexto que se ha creado es una buena oportunidad para las iniciativas ciudadanas que de tiempo atrás vienen resistiendo al actual modelo y planteando alternativas, acción sin la cual los lamentables resultados que ahora constatamos podrían ser peores. Me refiero a iniciativas como la Mesa Cerros, Somos Río Bogotá, “Ponle Corazón al Río” de la Fundación Al Verde Vivo, Asamblea Sur, Territorio Sur y demás organizaciones del sur de la ciudad y la Veeduría Ciudadana del Río Bogotá que ha hecho notable presencia en las audiencias públicas recientemente convocadas  por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para ventilar las alternativas propuestas por la EAAB.

Bienvenidas las iniciativas de cambio y el debate, ausentes hasta ahora de las grandes  decisiones sobre el futuro de la ciudad y la región.  

 

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[1] Así quedó demostrado por el Doctor Alfonso Pérez Preciado en la presentación que hiciera durante la Audiencia Pública convocada por el Tribunal Admnistrativo de Cundinamarca el 3 de Mayo de 2012.

[2]Cifras presentadas por el actual Gerente de la EAAB, Dr. Diego Bravo Borda en la Audiencia convocada por el Magistrado Ponente Dr. Marco Antonio Velilla, en Febrero pasado, en el trámite de la segunda instancia del proceso de acción popular adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca AP No.01-479

[3] Así se anuncio al suscribir el Acuerdo Interinstitucional  No. 171 de 2007 y luego el 21 de Febrero de 2011 al suscribir el Acuerdo de Cooperación para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas (fase I y fase II) y su estación elevadora, dentro del Programa de Saneamiento del Río Bogotá, en el contexto de la Región Capital Bogotá – Cundinamarca”.

[4] Para obtener el cierre financiero que permita completar la solución adoptada en el Convenio Interinstucional son necesarios aún 1,05 billones de pesos, según el Acuerdo de Cooperación suscrito el 21 de Febrero de 2011.

[5] La Contraloría General de la República formuló el 6 de Abril de 2011, una función de advertencia en relación con el Acuerdo Interinstitucional de 22 de Febrero de 2011, dirigida a las entidades y autoridades suscriptoras del Convenio en donde llama la atención sobre los sobrecostos que implica la construcción del interceptor Tunjuelo – Canoas en relación con los presentados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la Acción Popular 01-479 y en las conclusiones señala: “Así mismo la CGR advierte de la posible afectación a los recursos públicos por la construcción, operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo Canoas, en cuantía de USD $ 81.164.268 mas Col $ 32.799.973.422 por construcción y Col $ 122.785 millones por concepto estimado de operación a 25 años, además de los  impactos a la tarifa del servicio de alcantarillado de sus usuarios o a los excedentes financieros de la EAAB ESP, obra suspendida en la actualidad”. 

[6] Sobre la expansión urbana de Bogotá y los factores que la determinan véase el excelente trabajo del Doctor Alfonso Pérez Preciado, “La expansión urbana de Bogotá: mitos y realidades”, en Territorio y Sociedad, Gerardo Ardila, compilador, Universidad Nacional de Colombia, 2003.

[7] Emgesa es una sociedad mixta entre el Distrito Capital y la transnacional italiana ENEL que adquirió las acciones de la española ENTESA.

[8] Resulta curioso que en los debates realizados recientemente en las audiencias públicas convocadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Emgesa no tiene en cuenta los costos ambientales de mantener en funcionamiento el embalse de El Muña cuando se refiere a los costos que tendría desechar la cadena de generación eléctrica Paraíso – La Guaca.

[9] Son numerosísimos los casos en que las aguas residuales se conectan a la red de alcantarillado pluvial y no al de aguas servidas.

[10] La información fue suministrada por la Gerencia del Sistema Maestro de la EAAB. La calidad del agua que llega a las planta de Tibitoc e deficiente por la alta turbiedad y la presencia de materia orgánica, manganeso y el bajo oxígeno disuelto.